Cuando los partidos admiten que no sirven

La sinceridad es un grado, y hay ocasiones, muy pocas pero haberlas haylas, en las que los partidos admiten que no sirven. Es sorprendente, pero el partido en cuestión es de Bilbao. Se trata del alcalde peneuvista Iñaki Azkuna, que anunció recientemente que el plan de gobierno para los cuatro años siguientes (¿Habrán sido elegidos sólo para inaugurar pantanos txikis?) lo realizará la consultoría Deloitte. La admisión de la incapacidad del equipo de gobierno tendrá un modélico precio para los contribuyentes: 262.000 euros.

Es ya un desgobierno que quien no puede gobernar, pues delega tal gobierno en otro, cobre por algo que no hace. Si la que desarrollará el plan de gobierno es la firma Deloitte, ¿Porque cobran los gobernantes municipales? No es recurrente la cuestión, toda vez que el alcalde bilbaíno es de los tres mejores pagados de toda España.

Lo curioso del caso es que ninguno de los reconocidos partidos que forman gobierno en la alcaldía bilbaina se presentaron en las pasadas elecciones municipales diciendo: “no gobernaremos, lo harán otros a los que pagaremos”. Hablaron de responsabilidad, de la necesidad de gobernar para la ciudadanía, de escuchar las necesidades de cada distrito, y un largo etcétera y muchos peces de colorines en una pecera.

La adacadabrante decisión del alcalde bilbaino y su socio no ha tenido mas que una tímida crítica de los partidos opositores. Urge crear una oficina de fiscalización democrática que periódicamente elabore una auditoria sobre la calidad democrática en la gestión de cada municipio. Algo así como una oficina similar a Amnistía Internacional pero dedicada a la gestión municipal. Sólo de esta manera habrá un control ante el caos ya descontrolado que es la política municipal.

Urge esa medida como paso previo a una movilización ciudadana que acabe con este despilfarro que ataca no sólo la reponsabilidad contraída de los políticos, sino que suprime en consecuencia el derecho de la ciudadanía a ser restituida ante el fraude que supone delegar en alguien que no ejerce – ni siquiera bien o mal – su compromiso de gestión.

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