Democracia electrónica, participación ciudadana y desarrollo: El rol de las TIC en la construcción de capital social a través del fortalecimiento democrático

Autora: Roxana Goldstein
Abstract: Este documento presenta una reflexión sobre el rol de la e-democracia y el e-gobierno, y el aporte de las TIC, en la consolidación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento inclusiva y plural para Latinoamérica, partiendo de un enfoque multidimensional de las problemáticas que hilvanan TIC, democracia y desarrollo. Las democracias latinoamericanas, con sus prácticas prebendarias y clientelares han facilitado la institucionalización de una cultura delegativa cuya gobernabilidad no estuvo orientada al desarrollo humano de las sociedades. Las políticas públicas emanadas de estos regímenes facilitaron la consolidación de una sociedad dual, escindida entre los que están incluidos en los beneficios de la globalización, y aquellos cuyo acceso a los bienes y servicios materiales y simbólicos que garantizan una calidad de vida digna, les es vedado. El aporte que las TIC pueden hacer para consolidar un sistema democrático orientado al desarrollo en América Latina, está fuertemente ligado al “uso con sentido” y a la apropiación de estas tecnologías a través de aplicaciones que favorezcan el desarrollo de capital social, habilitando el surgimiento de nuevos actores autónomos, informados y capacitados para participar en la toma de decisiones y la elaboración de propuestas de políticas públicas, en el marco de espacios reticulares de deliberación y construcción de consensos interdisciplinarios y heterogéneos, donde los procesos de aprendizaje y generación de conocimiento sociales sean reforzados a través del uso de las TIC. Las políticas de desarrollo del e-gobierno y la e-democracia en la región deberán contemplar estos aspectos, subordinándose a los objetivos estratégicos de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para el Desarrollo Humano de las sociedades latinoamericanas.

La pregunta central con la que se convoca a este II Congreso On-line
del Observatorio para la Cibersociedad, abre el debate sobre la
Sociedad del Conocimiento hacia la que nos estamos encaminando, e
invita a la reflexión sobre lo que estamos haciendo como actores de
esta construcción.

Particularmente, este documento intentará presentar una reflexión sobre
el rol de la e-democracia y el e-gobierno, y el aporte de las TIC en la
consolidación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC)
inclusiva y plural para Latinoamérica, partiendo de un enfoque
multidimensional de las problemáticas que hilvanan TIC, democracia y
desarrollo.

¿Cómo analizar entonces las conexiones entre SIC, democracia y
desarrollo en el contexto latinoamericano? ¿Por qué la necesidad de
este análisis?
Coincidiendo con el Informe del PNUD “Profundizar la
Democracia”[NOTA]1), la democracia permite contar con instrumentos que
garanticen la responsabilización de los gobiernos; la participación de
las personas en las decisiones que determinan su vida; la posibilidad
de impugnar al poder. La apropiación de estos instrumentos por parte
del conjunto de los ciudadanos es el camino para obtener satisfacción
de las necesidades sociales y políticas, que pueden resumirse en un
aceptable nivel de vida; la garantía de la subsistencia y la salud;
disponer de conocimientos y educación que habiliten a la toma de
decisiones y al debate abierto e informado y la participación en la
vida comunitaria, en la toma de decisiones y en el control de la
gestión pública. (PNUD; 2002: 58).

¿Qué modelo democrático contribuiría al Desarrollo Humano?

Siguiendo a Joan Prats (Prats; 2001), sabemos que la legitimidad de las
decisiones tomadas en un contexto democrático depende de la calidad de
las reglas de juego mediante las cuales se logra el consenso y se
ejerce el poder resolviendo los conflictos pacíficamente. Cuando estas
reglas formales e informales están viciadas de mecanismos populistas,
clientelares y prebendarios, contribuyen a la institucionalización de
prácticas delegativas que habilitan la concentración de recursos
estratégicos en manos de pocos actores, bloqueando la posibilidad de
ampliar el conjunto de actores autónomos que intervienen en la arena
política para incidir en las decisiones públicas. Por el contrario, una
gobernabilidad[NOTA]2)al servicio del desarrollo debe permitir el
surgimiento de nuevos actores autónomos capacitados para incidir en las
decisiones públicas, y la evolución de las reglas de juego para
adaptarse a los cambios y servir como instrumento de resolución
pacífica de conflictos
[NOTA]3).

1 – El universo conceptual – Revisión de algunos conceptos[NOTA]4)

1.1 – Sociedad de la Información y el Conocimiento
Manuel Castells identifica al informacionalismo como un modo de
desarrollo caracterizado, a diferencia del modo de desarrollo
industrial, por “la acción del conocimiento sobre sí mismo como
principal fuente de productividad” (Castells; 1997: 41), es decir, la
aplicación del conocimiento para la constante mejora de las tecnologías
de procesamiento de información, de generación de conocimientos y de
comunicación de ambos[NOTA]5). Según Castells, los rasgos
característicos de este paradigma son[NOTA]6):

• La información como su materia prima
• La capacidad de las nuevas tecnologías de penetrar en toda la actividad humana, expandiendo sus efectos en toda la sociedad
• La “morfología de red”, que se traduce en una interconexión e interacción crecientes penetrando en toda la sociedad
• La flexibilidad, entendida como “posibilidad de reorganización, de reescritura de las reglas”
• La convergencia creciente de las tecnologías y las industrias
  de la microelectrónica, las telecomunicaciones, y la informática,
  englobados como “sistemas de información”.

Las transformaciones que Castells identifica como cruciales en la
comunicación mediada tecnológicamente pueden resumirse en el pasaje de
la comunicación de masas a la estratificación y diferenciación; de la
diversidad de formas al modelo cognitivo común; de la
unidireccionalidad a las comunidades virtuales; de la recepción pasiva
a la interacción; de la masividad a la estratificación, diferenciación
y personalización; de la uniformidad a la diferenciación social
estratificada entre “interactuantes e interactuados” según sus
capacidades para buscar información, elaborar conocimiento y usarlo en
su propio beneficio o su condena a sólo acceder a “un número limitado
de opciones preempaquetadas” (Castells; 1997: 404). Estas
transformaciones de la comunicación mediada tienen, según Castells, un
impacto profundo en la cultura y en la relación del hombre con su
entorno, derribando las fronteras y las distancias[NOTA]7)y modificando
la percepción del tiempo[NOTA]8).

Por otro lado, la irrupción de Internet en el campo de la comunicación
social hace posible la conformación de una estructura material que
facilita la consolidación de un tipo de organización social basada en
un modelo reticular que flexibiliza jerarquías y relaciones y permite
potencialmente interconectar a todo el globo, conformando la “sociedad
red”.

Posteriormente, Paul David y Dominique Foray plantean como un aspecto
conceptual crucial la diferenciación entre información y conocimiento.
Estos autores consideran que

“Poseer
conocimientos, en cualquier esfera o ámbito, es ser capaz de realizar
actividades intelectuales y manuales. El conocimiento es, por tanto,
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La información, en cambio,
es un conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e
inactivos hasta que no sean utilizados por los que tienen las
capacidades necesarias para interpretarlos y manipularlos”. (David y
Foray; 2002: 5)

David y Foray atribuyen el cambio cualitativo que caracteriza a la
economía del saber a la posibilidad de coproducción intensa de
conocimientos por parte de diversos miembros de una comunidad –
entendida como comunidad de intereses no necesariamente ligada a un
espacio físico común -, facilitada por la existencia de un espacio
público de intercambio y circulación de saberes y por la codificación y
transmisión de nuevos conocimientos fuertemente basado en TIC (David y
Foray; 2002: 6-7). Las TIC han facilitado estos procesos a través de la
facilitación y reducción de costos y tiempos para la codificación,
almacenamiento, reproducción, distribución y comunicación de
conocimientos. Para estos autores:

“una comunidad con una utilización intensa de conocimientos es una
comunidad en la que una parte no desdeñable de sus miembros produce y
reproduce el conocimiento cuyos límites circunscriben un espacio
público (o semipúblico) de circulación de los saberes y en la que la
utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación ha
reducido radicalmente el costo de codificación y distribución del
conocimiento” (David y Foray; 2002: 7-8)

Para David y Foray, el pasaje de la economía a la sociedad del
conocimiento se producirá cuando se “multipliquen las comunidades
intensivas en conocimientos. (…). Cuando sean cada vez más numerosas
las comunidades de ciudadanos, usuarios y profanos, unidos por su
interés común en tal o cual tema, que presenten esas mismas
características (grandes capacidades de producción y reproducción del
saber; un espacio público o semipúblico de intercambio y de aprendizaje
y la utilización intensiva de las tecnologías de información y
comunicación); la sociedad del conocimiento emprenderá el vuelo” (David
y Foray; 2002: 16)

1.2 – Democracia electrónica (e-democracia)
Según define Martin Hagen, “Democracia electrónica es todo sistema
político democrático en el cual las computadoras y las redes de
computadoras se usan para llevar a cabo funciones cruciales del proceso
democrático – como información, comunicación y agregación de intereses,
y toma de decisiones (tanto deliberación como votación).”[NOTA]9)
(Hagen; 1997: 2).

Por su parte, Benjamín Barber (Barber; 2001) identifica características
de las industrias TIC que impactan sobre el sistema democrático en la
medida en que la democracia electrónica avanza en su desarrollo: el
progreso desigual y la difusión no universal de las TIC; el ritmo
acelerado del cambio tecnológico; el desfasaje generacional entre
quienes crean las tecnologías y quienes las usan; la forma en que las
tecnologías son reflejo de la sociedad en las que surgen y no a la
inversa; la velocidad de la “comunicación instantánea” y su impacto
sobre los tiempos necesarios para la deliberación política; su
inclinación a la reducción simplista “binaria” del análisis de los
problemas; la soledad que acompaña la experiencia de “navegar por el
ciberespacio”; la cultura de la imagen y el sonido en detrimento del
texto; la comunicación horizontal; la sobrecarga de información; la
atomización y fragmentación social mediante grupos de interés
conectados a través de sus propios canales de comunicación.

Stefano Rodotà también expresa su preocupación por los efectos de las
TIC aplicadas a un sistema democrático carente de instancias
genuinamente participativas. Para él, la vía plebiscitaria se presenta
como más factible, “en virtud de la reducción o de la eliminación de
los procedimientos de efectiva participación y control, sustituidos por
situaciones de neta investidura o de confirmación de decisiones ya
adoptadas. La superposición de las tecnologías a este esquema refuerza
su capacidad de acortar los tiempos de respuesta, lo vuelve más
dependiente de las formas de comunicación inmediata y elimina la
necesidad de toda mediación” (Rodotà; 2000: 11).

1.3 – Gobierno electrónico y gobernanza electrónica (e-gobierno, e-governance)
A partir de la aparición de la Internet, la idea de aplicar esta nueva
herramienta de comunicación en conjunción con la informática para
cubrir las necesidades de la administración pública abrió un campo de
oportunidades y nuevas aplicaciones que se englobaron dentro del
concepto de e-gobierno o gobierno electrónico
[NOTA]10). En el 2000, el Gartner Group define e-gobierno como “la
continua optimización de la entrega de servicios, la participación
ciudadana, y el ejercicio del gobierno mediante la transformación de
las relaciones internas y externas a través de la tecnología, la
Internet y los nuevos medios”[NOTA]11)

Desde un punto de vista centrado en los aspectos técnicos, en función
del aprovechamiento de las capacidades de las TIC para enriquecer las
relaciones del gobierno con la sociedad, el e-gobierno puede abarcar
funciones de información (aumentar la oferta de información disponible
a través de medios tecnológicos como páginas Web), de transacción
(prestación de servicios personalizados, facilitación de trámites
“en-línea” durante las 24 hs.), y de participación ciudadana
(plebiscitos electrónicos, correo electrónico con los funcionarios
públicos, sondeos de opinión). Citando a Tesoro, Arambarri y González
Cao, la finalidad del gobierno electrónico es: “a) proveer más y
mejores prestaciones a los ciudadanos, b) proveer puntos de acceso
unificados y sencillos para satisfacer múltiples necesidades
informativas y de servicios, c) adicionar productividad, calidad y
valor a los servicios, d) proveer atención «a la medida» de los
requerimientos de cada usuario, e) resolver trámites, consultas,
reclamos y sugerencias “en línea”, f) aumentar la participación
ciudadana, g) aumentar la calidad y reducir el costo de las
transacciones dentro del Estado, h) reducir el costo (en dinero,
tiempo, molestia y carga anímica) de tramitaciones del público, i)
aumentar la transparencia de la gestión pública.” (Tesoro y otros;
2002: 3)

Pero las decisiones que moldean el uso de las TIC para la gestión
pública responden no sólo a estrategias puramente técnicas, sino
también políticas. Y sus resultados, efectos e impactos también se
despliegan no sólo en el orden administrativo sino también en el social
y político.

El concepto de e-gobierno se ha ido ampliando a medida que el aspecto
político va ganando un mayor peso, y se consolida la percepción de que
el prefijo “e” es más que la posibilidad de ampliar los servicios al
ciudadano-consumidor, sino que además abre un abanico de nuevas formas
de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la
elaboración de propuestas y en el control de la administración de los
recursos públicos.
Estos nuevos aspectos que se incorporan en la concepción del gobierno
electrónico se relacionan directamente con los impactos de éste en la
gobernanza
[NOTA]12) y en la gobernabilidad[NOTA]13) democrática.

Coincidiendo con Seifert y Petersen, aunando las visiones técnicas y
las políticas, “desde un enfoque multidimensional, el E-gobierno es
visto como un proceso de mejora de la gobernabilidad a través de la
mayor eficiencia, nuevos servicios, mayor participación ciudadana,
mejoramiento de la infraestructura de información. Incluye esto también
los nuevos desafíos de coordinación, administración y control de los
recursos informáticos del Estado, y la superación de la brecha
digital.” (Seifert, Petersen; 2001).

Según define la UNESCO, la idea de modernizar la administración pública
a través de la adopción de soluciones basadas en TIC, debe orientarse
al involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de
decisiones, promoviendo la participación, la transparencia y la
rendición de cuentas que caracterizan a la buena gobernanza.[NOTA]14)

Dentro de esta línea conceptual, desde el punto de vista funcional y
especialmente de la aplicación de las TIC como herramienta de
comunicación, la e-governance

abarca el uso de estas tecnologías para la integración intra e
intergubernamental (e-administración), la provisión de servicios a
ciudadanos y empresas (e-servicios o e-gobierno propiamente dicho) y
los usos orientados a la ampliación de la participación ciudadana y el
fortalecimiento democrático (e-democracia)[NOTA]15).

Desde una perspectiva orientada al desarrollo, Richard Heeks propone pensar la e-governance
como el aprovechamiento de las capacidades de automatización,
información y comunicación de las TIC para mejorar los procesos de
gobierno (e-administración); para conectar gobierno y ciudadanos
(e-citizens); para dar servicios a los ciudadanos (e-services) y para
construir interacción entre el gobierno y la sociedad civil y dentro
mismo de la sociedad civil (e-society)[NOTA]16)
(Heeks; 2001a: 3 y 4). Este autor enfatiza la idea de que la aplicación
de las TIC en el gobierno no debe enfocarse solamente al comercio
electrónico y al soporte a los negocios y el sector privado (e-commerce, e-business),
sino que estas otras esferas de aplicación que él menciona permitirían
atacar los problemas de costos, ineficacia, ineficiencia, inadecuación,
autorreferenciamiento y aislamiento propios de los gobiernos en los
países en desarrollo. El punto referente a la construcción de
interacción social es particularmente interesante, ya que introduce la
idea de que el gobierno debe involucrarse no sólo en la construcción
del mercado, sino también en la construcción de capital social.

Desde esta perspectiva, e-governance es entendido como un concepto superador de e-government,

en tanto implica un cambio en la forma en que los ciudadanos se
relacionan con el gobierno y entre ellos mismos, promoviendo un mayor
involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones
y de elaboración de propuestas de políticas públicas, fortaleciendo el
concepto de ciudadanía.

Esta visión ampliada de lo que las TIC pueden aportar para el
fortalecimiento de la gobernabilidad es estratégica a la hora de pensar
en los efectos e impactos de las TIC para el desarrollo humano. En este
sentido, entonces, la pregunta es ¿Qué relación puede establecerse
entre el gobierno electrónico y la calidad de vida de las comunidades?
En un estudio encarado para Latinoamérica, Tesoro, Arambarri y González Cao consideran “al GE [Gobierno Electrónico] como
variable potencialmente interviniente en una eventual mejora de la
calidad de vida de una comunidad, suponiendo que –dentro de las
restricciones emergentes de los propios “factores condicionantes”-
puede facilitar procesos de interacción para que otras variables
comunitarias catalicen transformaciones que contribuyan a satisfacer
ciertas demandas y expectativas sociales.”[NOTA] 17) (18)(Tesoro y otros; 2002: 5).

Y concluyen : “A través de la indagación resulta evidente que el GE [Gobierno Electrónico] no
opera como una variable “independiente” capaz de “disparar” cambios en
las variables políticas, sociales, administrativas y culturales -entre
otras- que inciden sobre la calidad de vida. En algunos casos, su
impacto aparece más bien como “dependiente” de la Calidad Político
Democrática, de la Gobernancia y de la Probidad Pública, dado que el
imperio de actitudes y conductas parasitarias -profundamente arraigadas
en ciertas dirigencias político-burocráticas- seguramente tenderá a
neutralizar y a adaptar a su propia inercia las herramientas
tecnológicas supuestamente dirigidas a mejorar las prestaciones a la
ciudadanía, transformándolas en inconducentes rituales burocráticos. “(idem, p.14).

¿Cómo pensar entonces a las TIC como “motor de cambio” de la reforma y
modernización del gobierno y la administración pública no sólo desde el
punto de vista técnico sino también desde los valores y la cultura
institucional?

Desde una perspectiva multidisciplinar, Criado Grande, Ramilo Araujo y
Serna proponen un nuevo marco teórico para conceptualizar el gobierno
electrónico articulando las visiones de la e-administración (prestación
de servicios), la e-democracia (consulta y extensión de procesos
democráticos) y la e-gobernanza (participación ciudadana en la
elaboración de políticas públicas) (Criado Grande y otros; 2002: 1).
Estos autores, integrando distintas visiones desde las que se analiza
hoy el gobierno electrónico, llegan a delinear un nuevo modelo
conceptual de e-gobierno:

“El nuevo modelo de gobierno que se propone (Gobierno Electrónico) será
capaz de resolver mejor los problemas sociales (garantizar la
gobernabilidad), en la medida en que sea capaz de establecer reglas,
principios y valores que hagan posible el cambio institucional
necesario (Neoinstitucionalismo) para que los Gobiernos y
Administraciones Públicas sean capaces de generar consensos entre
aquellos actores críticos capaces de articular respuestas conjuntas a
los problemas sociales (Policy Networks) mejorando de forma continua la calidad de las políticas y de los servicios públicos (Nueva Gestión Pública)”
[NOTA]19) (Criado Grande y otros; 2002: 31).

Al decir de estos autores, el gobierno electrónico así definido
“propone un nuevo modelo relacional e interactivo de Gobierno cuyo reto
consistirá en garantizar la gobernabilidad de las sociedades. Esta
gobernabilidad será posible en la medida que la acción política, social
y económica sea capaz de formularse de manera consensuada teniendo
presentes las necesidades y demandas del conjunto de la sociedad para
ofrecer respuestas y resultados adecuados que permitan resolver los
problemas, cada vez más complejos, de manera efectiva. Sólo así será
posible recuperar la legitimidad y la confianza en las instituciones
públicas. “(idem, p. 45).

2 – El mundo real – Hacia una nueva institucionalidad

Durante la década de los ’90, primero lentamente y luego con un
crecimiento exponencial, un “tercer sector” comienza a cobrar forma
haciéndose cargo de los temas sociales abandonados por el Estado y
nunca contemplados por el mercado. La urgencia que impone el tipo de
problemas que quedan desatendidos, además de la magnitud que alcanzan,
empuja a la sociedad a actuar. La distancia que separa a los dirigentes
de las necesidades de la gente, y el descreimiento y la desconfianza de
la sociedad respecto a sus representantes, instan a buscar nuevas
formas de incidencia
[NOTA]20).

La escena pública se puebla así de nuevos actores, expresión de la
diversidad y complejidad de problemáticas que enfrentan hombres y
mujeres en los albores del nuevo milenio. Durante los segundos ´90, las
TIC, la Internet y una lógica de organización en red facilitan el
tejido de lazos sociales que van “enredando” individuos y
organizaciones. Los nuevos movimientos sociales, aunque limitados por
sus recursos y posibilidades de acceso, comienzan a apropiarse de la
potencialidad de las TIC, y de la Internet como medio de comunicación
interactivo y democratizador tanto del acceso como de la producción de
información.[NOTA]21)

Estas organizaciones sociales comienzan actuando en forma aislada, para
luego confluir en redes de organizaciones donde encuentran un espacio
de interacción que les permite articular sus acciones con otras
organizaciones, potenciar su capacidad de incidencia en las políticas
públicas, y aumentar las oportunidades de acceder a los recursos del
estado o de los organismos de financiamiento que, en muchos casos, son
la única fuente de ingresos para estas organizaciones.

Estas instancias de participación democrática donde confluyen actores
heterogéneos se constituyen en espacios sociales y políticos donde se
democratiza información y se genera conocimiento social, al pensar
soluciones concretas a los problemas reales que enfrenta la sociedad.

En la misma medida, comienza a delinearse un enfoque del desarrollo
local entendido desde una perspectiva integral que permite
interrelacionar cultura, necesidades, recursos, capital humano, actores
y entorno. Esta concepción intenta pensar el desarrollo local como
instancia superadora de la dualidad entre público/privado y entre
Estado/mercado, entendiéndolo como un proceso capaz de integrar ambas
visiones en decisiones consensuadas entre los diversos actores locales,
en el marco de la búsqueda de soluciones para los complejos problemas
que enfrentan las sociedades. Estas instancias de participación
democrática son percibidas como la oportunidad de reconstruir una red
de contención social que re-instale a los individuos en un entramado de
relaciones que les permita reconstruir su identidad y que a la vez
devuelvan el sentido a la política (Mires; 1994: 101), además de
promover la recuperación del rol del Estado como copartícipe en la
elaboración de soluciones promoviendo su involucramiento en estos
escenarios de co-gestión de la “res pública” entre Estado y sociedad.

Paralelamente, desde la segunda mitad de los ’90 comienza un proceso de
reforma institucional en numerosas ciudades de la región – entre ellas
San Pablo, Buenos Aires, Rosario, Porto Alegre-, que avanza de la mano
de: la jerarquización constitucional, creación, reglamentación y puesta
en funciones de nuevos instrumentos institucionales para la
participación política; el proceso de descentralización administrativa
del gobierno; la construcción de espacios cogestivos de articulación de
actores a nivel microlocal.

Se introducen así una variedad de instrumentos de democracia
participativa directa y semi-directa, como ser el Presupuesto
Participativo; las Audiencias Públicas; los Consejos Consultivos
Honorarios; la elaboración participativa del Plan Urbano Ambiental; los
Consejos co-gestivos y descentralizados para abordaje de problemas de
Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de Seguridad y Prevención del
Delito; el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de
ley; la consulta popular mediante referéndum; la solicitud de
Revocatoria de Mandatos; las Defensorías del Pueblo y las Oficinas de
Defensa del Consumidor. En función de estas pautas constitucionales, la
voluntad política, indispensable para su concreción, hizo posible que
se encararan diversas iniciativas tendientes a hacer realidad la
participación de los vecinos en las decisiones a través de la
implementación de estos instrumentos políticos, valiendo como ejemplo
el proceso de Presupuesto Participativo en ciudades como San Pablo,
Rosario, Buenos Aires, Porto Alegre; las Asambleas de Vecinos para el
Plan de Prevención del Delito en Buenos Aires; las reuniones barriales
para el Plan Urbano Ambiental en varias ciudades de la región; y
poniendo en funcionamiento organismos como el Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes; la Defensoría del Pueblo y Defensa del
Consumidor.

3 – Conclusiones – Cómo conectar los conceptos con la realidad

José ArocenA[NOTA]22) afirma que en Latinoamérica, “la democracia está
sometida a la prueba del desarrollo”, situación que puede comprobarse a
través de los altos índices de “distanciamiento, pérdida de confianza y
falta de credibilidad” (PNUD; 2004) de los ciudadanos respecto a sus
instituciones políticas representativas como consecuencia del fracaso
de las políticas sociales implementadas por gobiernos elegidos
democráticamente.

El incumplimiento de las promesas electorales relacionadas con los
derechos sociales opaca los progresos alcanzados durante los últimos
veinte años en la consolidación de los derechos civiles y
políticos[NOTA]23) en la región. Sin embargo, coincidiendo con
Guillermo O¨Donnell (O´Donnell; 2004), podemos decir que existe una
combinación mínima de derechos sociales, civiles y políticos, propia de
cada contexto social, político y nacional, por debajo del cual la
insatisfacción de cualquiera de esos derechos implica el fracaso del
sistema. Podemos decir que el acceso a los bienes y servicios
materiales y simbólicos que garantizan la subsistencia, la salud, la
educación, la comunicación y la información, la participación política,
la incidencia en las decisiones que afectan la propia vida, son
requisitos cuya satisfacción universal es necesaria para considerar al
sistema político democrático como salvaguarda del desarrollo humano.
América Latina, aún con altos índices de democracia formal, ha
fracasado en la garantía de los derechos sociales. El retroceso sufrido
en la distribución equitativa de la riqueza, y consecuentemente la
exclusión permanente de amplios sectores de la sociedad al acceso a los
bienes y servicios básicos para la subsistencia son la constatación
empírica más contundente de que el sistema necesita ser reformulado. Un
sistema político cooptado por el poder económico y por los intereses
personales, que funciona en base al clientelismo, las prebendas y la
delegación personalista – antes que la representación – genera un tipo
de gobernabilidad que bloquea el desarrollo. Un régimen democrático
delegativo que funciona bajo esas pautas genera mecanismos de
resolución de conflictos a través de la cooptación de los potenciales
nuevos actores mediante mecanismos clientelistas, populistas,
prebendarios y la mayoría de las veces a espaldas de la opinión pública
inhibiendo la evolución del propio régimen hacia nuevas formas de
búsqueda de consensos y de legitimidad. Valga como ejemplo el caso
argentino, donde un régimen de estas caractarísticas lideró una
transformación que en el lapso de una década instaló la condición de
“dual” en nuestra sociedad: los incluidos en el sistema global, gozando
de altos índices de acceso a educación, salud, servicios y mercados; y
los excluidos no sólo de los beneficios de la globalización, sino
también del acceso a los bienes y servicios básicos para la
subsistencia.

¿Cuáles son las barreras al desarrollo que este modelo de democracia
delegativa presenta y cuyos efectos pueden notarse en las prácticas y
cultura políticas?[NOTA]24)

• Escasa responsabilidad por las acciones públicas
• Escasa rendición de cuentas de los funcionarios
• Altos grados de corrupción en todos los niveles de gobierno
• Autonomización de la clase dirigente: políticos, empresarios y sindicalistas
• Alianzas corporativas entre la clase dirigente local y los intereses transnacionales
• Permeabilidad del Estado ante las presiones internacionales
• Cultura delegativa, desinterés del ciudadano por la “cosa pública”
• Falta de compromiso general con el destino colectivo
• Compromisos débiles, identidades inestables
• Exacerbación de la competencia y falta de cultura colaborativa
• Excesiva dependencia de los liderazgos políticos
• Fortalecimiento del régimen presidencialista, con su consecuente desequilibrio entre los poderes.

¿Cuáles son las barreras al desarrollo que el modelo de inserción en la
SIC impone, guiado por el mercado y por políticas públicas decididas en
el contexto antes descripto?[NOTA]25)

Una brecha digital que se superpone a las brechas sociales existentes, a través de:

• Tarifas inaccesibles para amplios sectores de la población
• Acceso desigual a la infoestructura[NOTA]26)y a la infocultura[NOTA]27)
  (desigual cobertura geográfica y social)
• Potenciación de los servicios avanzados orientados a los
  mercados más rentables, y escaso desarrollo de contenidos y servicios
  que faciliten la apropiación social de las TIC por parte de los
  sectores más relegados

• Amplia cobertura de servicios orientados al entretenimiento y
  al consumo, y escaso desarrollo de aplicaciones orientadas al
  desarrollo humano
• Orientación del desarrollo de la “nueva economía” bajo el
  criterio exclusivo de industria dinamizadora de la economía, sin
  complementar con los criterios de industria facilitadora del desarrollo
  humano
• Inserción en la economía global respondiendo más a la lógica
  de “ofrecer un mercado de oportunidades” que a la de “aprovechar las
  oportunidades del mercado”. Nos insertamos más como consumidores que
  como productores de bienes y servicios globales
• Ampliación de oportunidades para los integrados a la economía
  global, debilitando el mercado interno y la inserción de las PyMEs y de
  los excluidos

La inserción de Latinoamérica en la SIC es una oportunidad histórica
para reconsiderar que tipo de sociedad queremos construir. La
constatación del fracaso de los modelos de desarrollo y de inserción en
la SIC delineados en los ´90 nos enfrentan a la pregunta por los usos y
aplicaciones de las TIC que pueden contribuir al diseño de un modelo de
desarrollo inclusivo, participativo y plural para la región. La
utilización de las TIC en aplicaciones que contribuyan al
fortalecimiento de una democracia orientada al Desarrollo Humano
(Prats; 2001) habilitaría nuevos campos de “apropiación social y uso
con sentido”[NOTA]28)de estas tecnologías, impactando positivamente en
la creación de capital social[NOTA]29) a través de la consolidación de
espacios multidisciplinares y heterogéneos de actores autónomos que
deliberan para alcanzar el consenso nutridos de información y
conocimientos que se democratizan en estos entornos de aprendizaje
social y colaborativo, recuperando para el ciudadano su condición de
“agente” a la hora de diseñar la sociedad en la que participa y vive.

La necesidad de fortalecer la gobernanza y gobernabilidad democráticas
habilitadoras de desarrollo humano, como requisito para revertir el
sub-desarrollo social, político, económico y humano de la región,
imponen subordinar las politicas de e-gobierno y e-democracia a las
necesidades impuestas por el gobierno y la democracia reales,
integrando las decisiones de políticas TIC para un uso estratégico
enrolado en el logro de los objetivos de un fortalecimiento democrático
que habilite el desarrollo humano.

Una e-democracia al servicio del desarrollo humano debe favorecer la
ampliación de actores autónomos informados y preparados para la
participación en la elaboración de propuestas y en la toma de
decisiones de políticas públicas que afectan en forma directa su vida.

Los procesos de generación y difusión de información y conocimiento que
ocurren en el marco de los procesos participativos que se desarrollan
como consecuencia de la implementación de los instrumentos de
democracia directa o semi-directa que constituyen una democracia
deliberativa o participativa encierran la clave para determinar los
usos con sentido y la apropiación social de las TIC. La aplicación de
las TIC para el fortalecimiento y la ampliación de estos procesos será
de vital importancia para lograr una inserción positiva en la SIC de
nuestra región, habilitando un círculo virtuoso de desarrollo en el
cual la democracia real y la democracia virtual permitan neutralizar y
superar las barreras que un sistema democrático delegativo viciado de
clientelismo, prebendas y concentración del poder cerró frente a
nosotros instalando la dualidad social, y permitir así recuperar la
condición de ciudadanos-agentes para los habitantes de Latinoamérica.

Bibliografía