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Tema: Política del Reino
Las siguientes son las noticias publicadas bajo este tema.El tribunal constitucional y las "reglas del ¿juego?¿democratico?"
No he podido dejar de copiar aquí el excelente análisis que hace el Profesor Gerardo Pisarello de la sentencia dictada por el TC acerca del recurso de inconstitucionalidad de la llamada "ley de consulta vasca":
Reino de España: el Tribunal Constitucional y el "derecho a decidir"
Para satisfacción del Gobierno y del Partido Popular, el Tribunal Constitucional (TC) frenó en seco la propuesta legislativa de concreción del "derecho a decidir", impulsada por diversos partidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Para ello, acordó por unanimidad una interpretación a todas luces restrictiva del principio democrático y del pluralismo territorial recogidos en una Constitución, la de 1978, que, incluso en sus lecturas más abiertas, se revela cada vez más como un corsé incapaz de dar una respuesta limpia a la cuestión de la diversidad nacional y cultural en el Reino de España.
En un contexto como el actual, la sentencia del TC es una señal que condiciona no sólo el horizonte político vasco sino también el catalán. Precisamente por eso, debe juzgarse por sus palabras, pero también por sus silencios. Es decir, atendiendo a lo que sus fundamentos dicen, cuando podían callar, pero también a lo que, puestos a pronunciarse, decidieron no decir.
Hay dos puntos en los que el TC evita cualquier innovación interpretativa: la naturaleza de la consulta y la competencia para convocarla. Según el TC, la consulta planteada por los partidos vascos es un referéndum en toda regla, con independencia de su carácter vinculante o no, puesto que se dirige al cuerpo electoral de la CAPV y necesitaría, para su realización, de las garantías jurídicas propias de los procesos electorales. Tampoco habría duda de que la competencia para autorizar su convocatoria corresponde, de manera exclusiva al Estado central, tal como dispone el artículo 149.1.32 de la CE.
Esta interpretación, desde luego, está lejos de ser pacífica. No está claro, para empezar, que la consulta de ámbito autonómico propuesta desde la CAPV esté más cerca del referéndum consultivo estatal que de las consultas populares municipales, plenamente constitucionales. Según el gobierno vasco, el tipo de consulta que contempla la ley se diferenciaría del referéndum consultivo previsto en la CE porque no procuraría ratificar una decisión gubernamental previamente adoptada, como ocurrió con las consultas sobre la OTAN o sobre el Tratado constitucional europeo. De lo que se trataría, más bien, es de recabar la opinión de la ciudadanía de la CAPV sobre una serie de temas con el objeto de abrir un proceso de discusión al respecto. Es más, incluso en caso de que se admitiera que se está ante un referéndum, tampoco estaría claro que la eventual autorización o desautorización del Estado central no pueda darse con independencia de la vigencia de la ley, sin que sea un elemento que condicione su constitucionalidad.
Todo esto es discutible. Lo que más llama la atención, en cualquier caso, son las consideraciones de fondo con las que el TC pretende justificar el fallo. El TC podría haberse limitado a constatar parcamente que se estaba ante un referéndum y que el Gobierno de la CAPV carecía de competencia para impulsarlo, sin entrar en demasiadas consideraciones ulteriores. Pero no lo hace: desecha una lectura simplemente "fría" y opta por una "caliente", cuyo núcleo narrativo deja traslucir una pobre concepción de la democracia y del pluralismo territorial.
Lejos de limitarse, en efecto, a decretar que la ley cuestionada impulsa es un referéndum, el TC se empeña en resaltar que el recurso a estos instrumentos constituye una excepción dentro de un marco constitucional que prioriza los mecanismos de democracia representativa sobre los de democracia directa.
Esta interpretación es de un "originalismo" más bien tosco. Si bien es cierto que el constituyente de 1978 otorgó una desmesurada centralidad a los partidos políticos en el sistema político y consideró con recelo los instrumentos de democracia directa, mantener esta interpretación 30 años después parece desmesurado. En primer lugar, porque el propio texto constitucional se compromete con el establecimiento de "una sociedad democrática avanzada" que permita a los ciudadanos participar en los asuntos públicos "de manera directa o por medio de representantes". En segundo lugar, porque resulta incoherente con el impulso, en los últimos años, de numerosas reformas legislativas, tanto estatales como autonómicas, orientadas a ampliar, y no a restringir, los mecanismos de democracia directa, desde las iniciativas populares hasta las diversas formas de consulta. En tercer lugar, porque los referenda son un instrumento vastamente usado en Europa y el mundo, no sólo en el ámbito estatal sino también en el subestatal, como puede constatarse, desde Alemania y Estados Unidos hasta Suiza o México.
Curiosamente, el único momento en el que el TC exhibe algún tipo de sensibilidad por las virtudes deliberativas de la democracia es para criticar el trámite de lectura única utilizado en el Parlamento vasco. Aquí sí, el TC matiza su apego al principio representativo y ensaya una encendida defensa del debate irrestricto de cualquier propuesta y del escrupuloso respeto por la opinión de las minorías. La objeción puede admitirse. El problema es que se acerca demasiado al doble rasero de quienes se escandalizan por la vía escogida en la Asamblea vasca pero celebran sin reservas, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados se negara a tramitar, casi sin discusión, la última propuesta de reforma del Estatuto de Guernika.
En realidad, las consideraciones del TC en torno a la primacía de la democracia representativa sobre la directa revisten un carácter instrumental y le sirven para respaldar el tema de fondo de la sentencia: la caracterización de la forma de Estado y de los diferentes demoi que lo integran. Según el TC, en efecto, el único referéndum que permitiría a los ciudadanos de la CAPV rediscutir, en ejercicio del autogobierno, su relación con el resto del Estado es el de reforma estatutaria o el de reforma constitucional. Nada dice, sin embargo, acerca de la tensión entre estas vías y el principio de autonomía, en la medida en que exigen el concurso de voluntades ajenas a la propia CAPV. Tampoco recuerda, puesto a sugerir alternativas, la posibilidad de que el Estado central, como una forma de fortalecer el principio democrático, transfiera a las Comunidades Autónomas la competencia para convocar este tipo de consultas, como prevé el artículo 150.2 CE.
Estas consideraciones, en realidad, resultarían razonables en cualquier Estado federal o con genuina vocación federalizante. Pero la lectura que hace el TC de la CE se encarga de recordar que no es éste el caso. Esta conclusión no sorprende, puesto que la CE está lejos de ser un texto pensado para alumbrar un auténtico Estado federal y, mucho menos, para garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1996 (y tolerado si conviene a los intereses en juego, como ilustran los recientes casos de Kosovo o Montenegro). Lo que sí llama la atención es el celo centralista y nacionalista (españolista) que rezuma la decisión del TC, así como el alejamiento que ello supone respecto de otras visiones más matizadas presentes en su propia jurisprudencia (prueba de ello es el excesivo peso que tienen en los fundamentos jurídicos los argumentos, por momentos descabellados, del Abogado del Estado).
El TC considera inaceptable, en efecto, que se abra un proceso de consultas que pueda concluir, "eventualmente, en una nueva relación entre el Estado y la CAPV". Y ello porque, sorteando la vía de la reforma constitucional, pondría en juego "la voluntad soberana de la Nación española, única e indivisible". Al agitar el fantasma de la ruptura y al descartar la posibilidad de que el "derecho a decidir" pueda conducir, no a replantear sino a mantener, por ejemplo, la actual relación entre el Estado y la CAPV, el propio TC exhibe, de entrada, unas reservas preventivas impropias de un órgano que se pretende imparcial.
Por otra parte, la apelación cerril a la reforma constitucional como única vía admisible para plantear la actualización del modelo de Estado y al carácter único e indivisible de la "Nación española" es de una unilateralidad que, puestos a considerar el tema en los fundamentos jurídicos, al menos hubiera merecido algún voto particular. Ya en su decisión sobre el caso de Quebec –a la que algunos miembros del TC dedicaron monografías específicas- el Tribunal Supremo de Canadá admitió que frente a una "pregunta clara" que generara una "mayoría clara", la vía formal de reforma constitucional no podía utilizarse como un impedimento absoluto para la negociación bilateral.
Es verdad, nuevamente, que el TC no tenía por qué pronunciarse sobre estas cuestiones. Lo criticable, empero, es que al hacerlo haya propiciado una lectura tan restrictiva de la CE y de los propios Estatutos de Autonomía. Para cerrar el paso a la ley de consultas vasca, y de paso, lanzar una advertencia a Catalunya, el TC cuestiona que el "Pueblo Vasco" pueda ser una categoría jurídica sobre la que hacer recaer el "derecho a decidir". E insiste, machaconamente, en el muro infranqueable que lo impide: el carácter único, indivisible y soberano, de la "Nación española" y del "Pueblo Español" (referidos así, con mayúsculas, como si se tratara de dejar claras las jerarquías, incluso en el plano simbólico). No se dice, en cambio, que la apertura de un proceso que permita ejercer el "derecho a decidir" no tiene porqué suponer, al menos en un primer momento, lesión alguna a la "soberanía del pueblo español". Tampoco se recuerda, puestos a invocar la CE, que es ésta la que, al regular el derecho de autogobierno distingue, entre "regiones y nacionalidades". Que es ella, también, la que admitió la existencia de "derechos históricos actualizables", entre otras cosas, para suplir la ausencia en el texto de 1978 del derecho a la autodeterminación. Que es la propia CE, en suma, la que previó la creación del Estatuto de Autonomía vasco, aprobado como ley orgánica en 1979, y cuyos primeros párrafos sostienen que "El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad…".
No son pocas las voces que pretenden explicar lo ocurrido como un simple capricho con fines electorales del Lehendakari Juan José Ibarretxe. Sin embargo, conviene no olvidar que la propuesta contó con el apoyo no sólo del PNV, sino de Eusko Alakartasuna, Ezker Batua y Aralar, además de otros sectores de la sociedad vasca que la rechazaron por considerarla insuficiente o incluso ingenua ¿Por qué sería más democrático, en un sistema que supuestamente prioriza la democracia representativa, aceptar el statu-quo impuesto por la minoría parlamentaria que, aunque relevante, rechaza este tipo de iniciativas?
Por sus juicios y prejuicios, por lo que dice y por lo que calla, la sentencia del TC sienta un antecedente desafortunado, y refuerza la impresión de que el actual marco constitucional es un impedimento para garantizar una convivencia plural y avanzar en la democratización efectiva del Estado. El Partido Popular ya ha manifestado que espera que el TC sea igual de duro con el Estatut de Catalunya. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ha ocultado su satisfacción con la sentencia, a la que el propio gobierno contribuyó con un recurso de inconstitucionalidad que sorprende por su beligerancia. Esto último es preocupante si se piensa que, al asumir la presidencia del Gobierno, Zapatero se declaró partidario de una concepción pluralista del Estado, en el que todas las ideas -incluida la independencia- pudieran defenderse políticamente, y en el marco de una concepción republicana y participativa de la democracia, que no se limitara a la emisión del voto cada cuatro años. Visto lo visto, una de dos: o aquella profesión de fe se ha extinguido bruscamente, o no era más que un afectado gesto pour la galerie, exigido por los rigores de la aritmética parlamentaria.
Gerardo Pisarello es un constitucionalista argentino radicado en Barcelona. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo de colaboradores habituales de SINPERMISO .
Para satisfacción del Gobierno y del Partido Popular, el Tribunal Constitucional (TC) frenó en seco la propuesta legislativa de concreción del "derecho a decidir", impulsada por diversos partidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Para ello, acordó por unanimidad una interpretación a todas luces restrictiva del principio democrático y del pluralismo territorial recogidos en una Constitución, la de 1978, que, incluso en sus lecturas más abiertas, se revela cada vez más como un corsé incapaz de dar una respuesta limpia a la cuestión de la diversidad nacional y cultural en el Reino de España.
En un contexto como el actual, la sentencia del TC es una señal que condiciona no sólo el horizonte político vasco sino también el catalán. Precisamente por eso, debe juzgarse por sus palabras, pero también por sus silencios. Es decir, atendiendo a lo que sus fundamentos dicen, cuando podían callar, pero también a lo que, puestos a pronunciarse, decidieron no decir.
Hay dos puntos en los que el TC evita cualquier innovación interpretativa: la naturaleza de la consulta y la competencia para convocarla. Según el TC, la consulta planteada por los partidos vascos es un referéndum en toda regla, con independencia de su carácter vinculante o no, puesto que se dirige al cuerpo electoral de la CAPV y necesitaría, para su realización, de las garantías jurídicas propias de los procesos electorales. Tampoco habría duda de que la competencia para autorizar su convocatoria corresponde, de manera exclusiva al Estado central, tal como dispone el artículo 149.1.32 de la CE.
Esta interpretación, desde luego, está lejos de ser pacífica. No está claro, para empezar, que la consulta de ámbito autonómico propuesta desde la CAPV esté más cerca del referéndum consultivo estatal que de las consultas populares municipales, plenamente constitucionales. Según el gobierno vasco, el tipo de consulta que contempla la ley se diferenciaría del referéndum consultivo previsto en la CE porque no procuraría ratificar una decisión gubernamental previamente adoptada, como ocurrió con las consultas sobre la OTAN o sobre el Tratado constitucional europeo. De lo que se trataría, más bien, es de recabar la opinión de la ciudadanía de la CAPV sobre una serie de temas con el objeto de abrir un proceso de discusión al respecto. Es más, incluso en caso de que se admitiera que se está ante un referéndum, tampoco estaría claro que la eventual autorización o desautorización del Estado central no pueda darse con independencia de la vigencia de la ley, sin que sea un elemento que condicione su constitucionalidad.
Todo esto es discutible. Lo que más llama la atención, en cualquier caso, son las consideraciones de fondo con las que el TC pretende justificar el fallo. El TC podría haberse limitado a constatar parcamente que se estaba ante un referéndum y que el Gobierno de la CAPV carecía de competencia para impulsarlo, sin entrar en demasiadas consideraciones ulteriores. Pero no lo hace: desecha una lectura simplemente "fría" y opta por una "caliente", cuyo núcleo narrativo deja traslucir una pobre concepción de la democracia y del pluralismo territorial.
Lejos de limitarse, en efecto, a decretar que la ley cuestionada impulsa es un referéndum, el TC se empeña en resaltar que el recurso a estos instrumentos constituye una excepción dentro de un marco constitucional que prioriza los mecanismos de democracia representativa sobre los de democracia directa.
Esta interpretación es de un "originalismo" más bien tosco. Si bien es cierto que el constituyente de 1978 otorgó una desmesurada centralidad a los partidos políticos en el sistema político y consideró con recelo los instrumentos de democracia directa, mantener esta interpretación 30 años después parece desmesurado. En primer lugar, porque el propio texto constitucional se compromete con el establecimiento de "una sociedad democrática avanzada" que permita a los ciudadanos participar en los asuntos públicos "de manera directa o por medio de representantes". En segundo lugar, porque resulta incoherente con el impulso, en los últimos años, de numerosas reformas legislativas, tanto estatales como autonómicas, orientadas a ampliar, y no a restringir, los mecanismos de democracia directa, desde las iniciativas populares hasta las diversas formas de consulta. En tercer lugar, porque los referenda son un instrumento vastamente usado en Europa y el mundo, no sólo en el ámbito estatal sino también en el subestatal, como puede constatarse, desde Alemania y Estados Unidos hasta Suiza o México.
Curiosamente, el único momento en el que el TC exhibe algún tipo de sensibilidad por las virtudes deliberativas de la democracia es para criticar el trámite de lectura única utilizado en el Parlamento vasco. Aquí sí, el TC matiza su apego al principio representativo y ensaya una encendida defensa del debate irrestricto de cualquier propuesta y del escrupuloso respeto por la opinión de las minorías. La objeción puede admitirse. El problema es que se acerca demasiado al doble rasero de quienes se escandalizan por la vía escogida en la Asamblea vasca pero celebran sin reservas, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados se negara a tramitar, casi sin discusión, la última propuesta de reforma del Estatuto de Guernika.
En realidad, las consideraciones del TC en torno a la primacía de la democracia representativa sobre la directa revisten un carácter instrumental y le sirven para respaldar el tema de fondo de la sentencia: la caracterización de la forma de Estado y de los diferentes demoi que lo integran. Según el TC, en efecto, el único referéndum que permitiría a los ciudadanos de la CAPV rediscutir, en ejercicio del autogobierno, su relación con el resto del Estado es el de reforma estatutaria o el de reforma constitucional. Nada dice, sin embargo, acerca de la tensión entre estas vías y el principio de autonomía, en la medida en que exigen el concurso de voluntades ajenas a la propia CAPV. Tampoco recuerda, puesto a sugerir alternativas, la posibilidad de que el Estado central, como una forma de fortalecer el principio democrático, transfiera a las Comunidades Autónomas la competencia para convocar este tipo de consultas, como prevé el artículo 150.2 CE.
Estas consideraciones, en realidad, resultarían razonables en cualquier Estado federal o con genuina vocación federalizante. Pero la lectura que hace el TC de la CE se encarga de recordar que no es éste el caso. Esta conclusión no sorprende, puesto que la CE está lejos de ser un texto pensado para alumbrar un auténtico Estado federal y, mucho menos, para garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1996 (y tolerado si conviene a los intereses en juego, como ilustran los recientes casos de Kosovo o Montenegro). Lo que sí llama la atención es el celo centralista y nacionalista (españolista) que rezuma la decisión del TC, así como el alejamiento que ello supone respecto de otras visiones más matizadas presentes en su propia jurisprudencia (prueba de ello es el excesivo peso que tienen en los fundamentos jurídicos los argumentos, por momentos descabellados, del Abogado del Estado).
El TC considera inaceptable, en efecto, que se abra un proceso de consultas que pueda concluir, "eventualmente, en una nueva relación entre el Estado y la CAPV". Y ello porque, sorteando la vía de la reforma constitucional, pondría en juego "la voluntad soberana de la Nación española, única e indivisible". Al agitar el fantasma de la ruptura y al descartar la posibilidad de que el "derecho a decidir" pueda conducir, no a replantear sino a mantener, por ejemplo, la actual relación entre el Estado y la CAPV, el propio TC exhibe, de entrada, unas reservas preventivas impropias de un órgano que se pretende imparcial.
Por otra parte, la apelación cerril a la reforma constitucional como única vía admisible para plantear la actualización del modelo de Estado y al carácter único e indivisible de la "Nación española" es de una unilateralidad que, puestos a considerar el tema en los fundamentos jurídicos, al menos hubiera merecido algún voto particular. Ya en su decisión sobre el caso de Quebec –a la que algunos miembros del TC dedicaron monografías específicas- el Tribunal Supremo de Canadá admitió que frente a una "pregunta clara" que generara una "mayoría clara", la vía formal de reforma constitucional no podía utilizarse como un impedimento absoluto para la negociación bilateral.
Es verdad, nuevamente, que el TC no tenía por qué pronunciarse sobre estas cuestiones. Lo criticable, empero, es que al hacerlo haya propiciado una lectura tan restrictiva de la CE y de los propios Estatutos de Autonomía. Para cerrar el paso a la ley de consultas vasca, y de paso, lanzar una advertencia a Catalunya, el TC cuestiona que el "Pueblo Vasco" pueda ser una categoría jurídica sobre la que hacer recaer el "derecho a decidir". E insiste, machaconamente, en el muro infranqueable que lo impide: el carácter único, indivisible y soberano, de la "Nación española" y del "Pueblo Español" (referidos así, con mayúsculas, como si se tratara de dejar claras las jerarquías, incluso en el plano simbólico). No se dice, en cambio, que la apertura de un proceso que permita ejercer el "derecho a decidir" no tiene porqué suponer, al menos en un primer momento, lesión alguna a la "soberanía del pueblo español". Tampoco se recuerda, puestos a invocar la CE, que es ésta la que, al regular el derecho de autogobierno distingue, entre "regiones y nacionalidades". Que es ella, también, la que admitió la existencia de "derechos históricos actualizables", entre otras cosas, para suplir la ausencia en el texto de 1978 del derecho a la autodeterminación. Que es la propia CE, en suma, la que previó la creación del Estatuto de Autonomía vasco, aprobado como ley orgánica en 1979, y cuyos primeros párrafos sostienen que "El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad…".
No son pocas las voces que pretenden explicar lo ocurrido como un simple capricho con fines electorales del Lehendakari Juan José Ibarretxe. Sin embargo, conviene no olvidar que la propuesta contó con el apoyo no sólo del PNV, sino de Eusko Alakartasuna, Ezker Batua y Aralar, además de otros sectores de la sociedad vasca que la rechazaron por considerarla insuficiente o incluso ingenua ¿Por qué sería más democrático, en un sistema que supuestamente prioriza la democracia representativa, aceptar el statu-quo impuesto por la minoría parlamentaria que, aunque relevante, rechaza este tipo de iniciativas?
Por sus juicios y prejuicios, por lo que dice y por lo que calla, la sentencia del TC sienta un antecedente desafortunado, y refuerza la impresión de que el actual marco constitucional es un impedimento para garantizar una convivencia plural y avanzar en la democratización efectiva del Estado. El Partido Popular ya ha manifestado que espera que el TC sea igual de duro con el Estatut de Catalunya. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ha ocultado su satisfacción con la sentencia, a la que el propio gobierno contribuyó con un recurso de inconstitucionalidad que sorprende por su beligerancia. Esto último es preocupante si se piensa que, al asumir la presidencia del Gobierno, Zapatero se declaró partidario de una concepción pluralista del Estado, en el que todas las ideas -incluida la independencia- pudieran defenderse políticamente, y en el marco de una concepción republicana y participativa de la democracia, que no se limitara a la emisión del voto cada cuatro años. Visto lo visto, una de dos: o aquella profesión de fe se ha extinguido bruscamente, o no era más que un afectado gesto pour la galerie, exigido por los rigores de la aritmética parlamentaria.
Gerardo Pisarello es un constitucionalista argentino radicado en Barcelona. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo de colaboradores habituales de SINPERMISO .
El PP y la crisis de los partidos
De repente, y para sorpresa de extraños pero sobre todo de propios, en un partido político se da el pistoletazo de salida para un debate ideológico a la siciliana pero en modo catódico, que es lo moderno. El PP no va a inventar ahora los debates ideológicos tan propios de los partidos políticos, y el que parece darse en su seno se restringe a la lucha por el poder para alcanzar desde él el otro gran poder.
Los ciudadanos, perdedores nuevamente de las elecciones
Aún no sabemos quién habrá ganado las elecciones generales de hoy en España, pero una cosa sí que sabemos, por desgracia: quién las perderá. Y serán como siempre los ciudadanos, la gente, derrotada nuevamente por los usurpadores de la soberanía: los partidos políticos. Una vez más se niegan a aceptar que la democracia ya no debe ser representativa porque ya puede ser directa, gracias a las Nuevas Tecnologías. Mientras no lo reconozcan estarán hurtando al pueblo su verdadera capacidad de decidir en todos los asuntos que les incumban y a ejercer el gobierno del Estado de manera directa.
Y ETA puso su obscenidad sanguínea
No bastaba el espectáculo de estas elecciones para poner al descubierto las obscenidades de cada partido, cuando ETA ha puesto la suya particular geométricamente más espectacular y obscena de cuantas hay, y todo un reflejo de la utopía política que defiende en aras de la libertad totalitaria.
El programa electoral perfecto es imposible
Estamos asistiendo a la pugna partidista, ese teatro para las masas, ese macro-espectáculo derrochador, mediante el cual nos intentan vender unos supuestos programas electorales, que es lo que vamos a "comprar" para 4 años, sin posibilidad de devolución ni defensa posible como consumidores.
Los partidos se gastarán 50 millones de euros en la campaña a las generales 2008
El partido que más derrochará en la campaña será el PP con el escalofriante gasto de 13,7 millones de euros. El PSOE no se queda muy atrás con 12,7 millones e incluso un partido con mucha menos promoción como IU gastará 4,7 millones de euros.
¿Cuántos colegios, pisos, ayudas y mejoras se podrían dar al pueblo con todo ese dinero?
¿Cuántos colegios, pisos, ayudas y mejoras se podrían dar al pueblo con todo ese dinero?
¿El PP a favor de la renta básica de ciudadanía?
Hoy me sorprendió grandemente Alberte Núñez Feixó, líder del Partido Popular en Galicia, en unas declaraciones que pude ver (y cualquier internauta también) realizadas en un encuento en Venezuela con emigrantes gallegos allí asentados, donde decía literalmente que "nadie puede ser libre sin independencia económica". Parece una clara defensa de la llamada Renta Básica de Ciudadanía. O se había tomado una copa de más o le patinó un poco la mercadotecnia de pre-campaña.
Cuando la política hace de trampolín para los negocios
La vida para numerosos ex primeros ministros es más apacible fuera de los palacios presidenciales. Muchos de ellos emplean sus contactos para tejer una rentable red de influencia y engrosar astronómicos beneficios. ¿Dónde se establece la divisoria entre el beneficio personal de los mandatarios políticos y la gestión pública. Información extraída de Diagonal nº65.
Notas para la negación de la política
Revisando textos antiguos, se encuentra uno la sorpresa de que la crisis de los partidos políticos en la España actual procede nada menos que de la democracia orgánica que originó la actual allá por la transición. Es decir, hay una crisis sobre una crisis añeja. Así se puede comprobar tras leer un texto de Fernado Savater escrito cuando aún la Constitución era un bosquejo lejano y cuya realidad no representa sino una paradoja - a la que el propio filósofo no es ajeno - que, lejos de resolverse, se enmaraña más. He aquí un añejo manifiesto contra los partidos en plena vigencia.
Aquí los ciudadanos deciden sólo "cuando procede"
Lo ha dicho la Vicepresidenta en respuesta (?) a las declaraciones con las que Ibarretxe ha abierto el curso político en Euskadi, y en las que -nada nuevo- ha insinuado que realizará una consulta a los ciudadanos vascos acerca del futuro político que desean. Nos ha recordado la cabeza visible actual del Régimen que, según las Sagradas Escrituras (o sea, L< Constitución), los referenda sólo se plantean cuando procede. Tras ese verbo, de apariencia tecnocrática y neutral, en forma impersonal, la vicepresidenta nos quiere decir en realidad que los referenda en España sólo se convocan cuando les sale de las narices al Gobierno de turno. Esta es la triste verdad del único tipo de consulta (ni siquiera decisión) directa en esta parodia de Democracia que es la Partidocracia española.
